1933 Los trágicos hechos que acompañaron la caída de la República de Weimar y el comienzo del Tercer Reich deben mover a reflexión a los argentinos.

FUENTE: LA NACION: http://www.lanacion.com.ar/1585784-1933 Los trágicos hechos que acompañaron la caída de la República de Weimar y el comienzo del Tercer Reich deben mover a reflexión a los argentinos ace 80 años el mundo fue testigo, silencioso y tolerante, de la gradual desaparición de una república y, en pocos meses, de la instalación de una dictadura con el apoyo entusiasta de la población y sus fuerzas vivas. La República de Weimar fue reemplazada por un régimen totalitario que concentró en una persona los tres poderes del Estado, eliminó los derechos individuales, controló la justicia, suprimió la prensa independiente y, finalmente, ejecutó el terrible Holocausto. Salvando enormes distancias, hay ciertos paralelismos entre aquella realidad y la actualidad argentina que nos obligan a mantenernos alerta. El 30 de enero de 1933, Adolf Hitler asumió como canciller de Alemania, luego de obtener sólo el 33 por ciento de los votos en las elecciones parlamentarias de 1932. El anciano presidente, mariscal Paul von Hindenburg, influenciado por banqueros, industriales, empresarios y terratenientes, creyó que, de esa forma, podría neutralizar al creciente partido nazi. También él pecó de ingenuidad, y Hitler puso en práctica un plan que, en poco tiempo, culminó con la suma del poder público. En su discurso del 1° de febrero, Hitler profetizó: "Dadme cuatro años y ya no reconoceréis Alemania". De inmediato, logró que Hindenburg disolviese el Parlamento y convocase a nuevas elecciones, lo cual le dio cinco semanas sin control parlamentario. El 4 de febrero obtuvo del presidente un decreto que prohibía las críticas al gobierno y suprimía la libertad de reunión y de prensa de las organizaciones de izquierda, para barrerlas de la contienda electoral. El 27 de febrero ocurrió el recordado incendio del Reichstag y la atribución de culpas al partido comunista. Hitler forzó entonces la firma de un decreto para la "protección del pueblo y del Estado" suspendiendo las libertades individuales, de expresión, prensa, asociación, reunión y comunicaciones, autorizando a la autoridad política a realizar allanamientos de domicilios, detención de personas y a confiscar bienes privados. El decreto del incendio del Reichstag se basó en el artículo 48 de la Constitución de Weimar, que autorizaba al presidente del Reich a dictar "decretos de emergencia" invadiendo la función legislativa del Parlamento. Fue la primera herramienta que Hitler utilizó para establecer una dictadura en vida de Hindenburg. A partir de ese momento, se cerraron diarios, se arrestaron opositores, se prohibieron manifestaciones públicas y se creó un clima de persecución política. En las elecciones del 5 de marzo, el partido nazi logró sólo el 44% de los votos, aunque necesitaba dos tercios para la sanción de una ley que confiriese facultades extraordinarias al gobierno. Mediante el arresto de diputados socialistas y el apoyo de los nacionalistas, Hitler alcanzó esa mayoría y el 23 de marzo el Reichstag sancionó la "ley habilitante" para "solucionar los peligros que acechan al pueblo y al Estado". La norma implicó el "suicidio" del parlamento, al delegar sus facultades en Hitler. La fecha se recuerda como el fin de la República de Weimar y el comienzo del Tercer Reich. El 13 de marzo Joseph Goebbels asumió como ministro de Propaganda. Su primer discurso en el Día del Trabajo estuvo destinado a seducir a la juventud alemana. El 24 de marzo, Hitler anunció ante el Parlamento la necesidad de una "limpieza en la vida intelectual del país", y ello implicó la confiscación de medios de los partidos socialista y comunista. Goebbels tomó el control inmediato de todas las formas de comunicación de Alemania: libros, revistas, periódicos, reuniones públicas, el arte, la música, el cine y la radio. La noche del 10 de mayo los "camisas pardas" y las "juventudes hitlerianas" allanaron bibliotecas y librerías de toda Alemania y quemaron más de 25.000 libros. El 3 de abril Hitler estableció la "sincronización" de la prensa. Para poder publicar medios impresos, crear nuevos, darles un nombre, o para designar un nuevo director o jefe de redacción, era necesario obtener un "certificado de confiabilidad política" y este "certificado" sólo lo otorgaba el Ministerio de Propaganda. El 7 de abril, la "cláusula aria" de la "ley del servicio civil" obligó a la expulsión de jueces, abogados y profesores universitarios judíos de sus actividades. El 2 de mayo se "sincronizaron" los sindicatos. Irónicamente, el día siguiente a la Fiesta del Trabajador. El principal sindicato fue asaltado y sus líderes, encarcelados. Todos los sindicatos fueron obligados a fusionarse con el único Frente del Trabajo Alemán. La "sincronización" del mensaje oficial fue impuesta con las nuevas conferencias de prensa. El 1° de julio pasaron al control del Ministerio de Propaganda y su Gabinete de Prensa. Se hicieron obligatorias para todos los periodistas acreditados en Berlín y reflejaron los temas sobre los cuales la prensa debía informar. En estas conferencias, sin diálogo, se los "educaba" sobre la forma en que debían transmitir las noticias oficiales. La "sincronización" de la política ocurrió con la eliminación de los partidos opositores. El 14 de julio se sancionó la "ley sobre el delincuente habitual", que proporcionó la primera población para los recién instalados campos de concentración, como Dachau, abierto por Heinrich Himmler en el mes de marzo. Hitler fue el primero en descubrir la importancia del cine para exaltar emociones y crear mitos personales. El 22 de septiembre se profundizó la "sincronización" de la cultura y la prensa. La ley que creó la Cámara Imperial de Cultura otorgó al Ministerio de Propaganda la facultad de establecer corporaciones gremiales de los trabajadores de la cultura y de la prensa. Y así se formaron corporaciones únicas para los escritores, los músicos, el teatro, las artes plásticas, la cinematografía y la prensa, todas bajo el mando de Joseph Goebbels. La Cámara Imperial de Prensa fue presidida por el célebre Max Amann, ex oficial de las SS, quien dictó numerosas resoluciones para controlar la prensa y desplazar al personal de los medios que se oponían a sus decisiones. Amann levantó un imperio de prensa nazi adquiriendo, confiscando y amedrentando. La casa editorial central (Franz Eher-Nachfolger GmbH) llegó a controlar el 82 por ciento de las publicaciones periódicas. Los diarios y las revistas debían abastecerse de los "materiales periodísticos" provistos por la agencia de noticias oficial. En cuanto al sistema de radio, era controlado tanto en sus contenidos como económicamente por el Estado. A medida que avanzó la guerra, Amann era quien racionaba el papel para los diarios de acuerdo con las conveniencias políticas del nazismo. Este "zar de los medios" no tuvo ninguna formación superior, su nivel cultural era bajo y se caracterizaba por su rudeza y vulgaridad. El 4 de octubre de 1933 se "sincronizó" en detalle el funcionamiento de los diarios y el trabajo de los periodistas. La ley de prensa reglamentó el comportamiento de los periodistas y del personal de la prensa en general. Para ejercer la profesión se debía tener nacionalidad alemana y ser de "raza aria"; se establecían los temas sobre los cuales no se podía escribir y se hacía obligatoria la afiliación en la Unión Imperial de la Prensa Alemana. La ley también prohibía a los medios fijar políticas editoriales o posiciones ideológicas: estos contenidos los transmitía el Ministerio de Propaganda. En cuanto a la justicia, Hitler desde siempre odió a jueces y juristas, pues el Estado de Derecho implicaba limitar el principio de autoridad del Führer por encima de todas las normas. Ya en 1933 se dirigió a aquellos advirtiéndoles que "el Estado total no debe conocer diferencia alguna entre la ley y la ética", y que llegaría el día en que esta identidad iba a convertir en innecesaria a la primera. Gradualmente, llevó a cabo la virtual anulación del Poder Judicial a partir de ese año, otorgando mayores facultades a los "tribunales del pueblo", heredados de la República de Weimar, que funcionaban con total arbitrariedad y que en pocos años desplazaron a los juzgados penales de casi toda su esfera de actuación. Estos "tribunales del pueblo" se diseminaron por todas las ciudades alemanas y se convirtieron en otro órgano estatal por medio del cual el nazismo proclamaba sus consignas e imponía el terror en la población. Todo esto ocurrió en un solo año, hace ochenta. Durante los doce años siguientes, el nazismo continuó su marcha atroz, controlando toda Europa Occidental (salvo Gran Bretaña) y realizando la mayor violación de derechos humanos que recuerda la historia. Es importante que todas las naciones del mundo recuerden cómo surgió ese régimen y las terribles consecuencias que la cobardía o la conveniencia de los dirigentes y el temor o desinterés de la población pueden provocar al debilitarse los valores colectivos y la vigencia plena de las instituciones democráticas. Salvando, como decíamos, las enormes distancias, los argentinos deberíamos reparar en los rasgos autoritarios que, cada vez con mayor frecuencia, pone de manifiesto el Gobierno, y cobrar conciencia de que es imposible prever cómo puede terminar un proceso que comienza cercenando las libertades y la independencia de los tres poderes del Estado, al tiempo que distorsiona los valores esenciales de la República y promueve enfrentamientos dentro de la sociedad..

Sombras en la sucesión.

Cuando el ex presidente de México Vicente Fox se encaminaba a dejar el poder, contrató a un consultor y le dijo: "Necesito mejorar mi imagen para que quien me reemplace no encuentre ventajoso ensañarse conmigo investigando casos de corrupción". Fox puso el foco en un problema que amenaza el proceso sucesorio de Cristina Kirchner. Los escándalos que sacuden a su administración y a su entorno familiar reducen las opciones para elegir un delfín. En los términos de Fox: dado el deterioro del prestigio presidencial, a quien ocupe la Casa Rosada a partir de 2015 le puede resultar muy tentador congraciarse con la opinión pública subiendo al patíbulo a figuras estelares del gobierno actual. Esta dinámica tiene efectos paradójicos. La caída en la popularidad, en vez de inspirar en el oficialismo un movimiento de regeneración, induce a un mayor repliegue. Cuanto más amplio es el descrédito, más urgente la necesidad de garantizar la lealtad del legatario. La forma extrema de esa fianza es la reelección. Como parece inviable, desde el corazón del oficialismo se lanzó un candidato cuya fidelidad estaría asegurada: Diana Conti y Edgardo Depetri postularon a Amado Boudou para 2015. Nadie imagina arrebatos revisionistas en Boudou. La Presidenta está paralizada en medio de la crisis. Apena s atinó a ordenar a Lázaro Báez lo que algunos periodistas piden de ella: que abra las puertas de su casa para demostrar que no hay una bóveda. Es el colmo del debate para quien, en Egipto y hace más de mil años, fue arquitecta. La otra respuesta a las denuncias fue autoincriminatoria: el Gobierno indicó a la AFA que haga coincidir los partidos con Periodismo para Todos , el programa de Jorge Lanata, para televisarlos en ese horario por Canal 7. A fin de que quede claro que la TV oficial será puesta al servicio de una maniobra de ocultamiento, Gabriel Mariotto confesó que el Gobierno necesita un programa más competitivo que el de Víctor Hugo Morales o 6,7,8 . Todavía no se sabe qué efecto tendrá el cambio sobre el nivel de audiencia de Lanata. Lo único seguro es que, en el empeño por "democratizar la palabra", el kirchnerismo terminó silenciando a sus propios apologetas, condenados ahora a un horario marginal. Estrafalaria forma de censura. La administración carece de una defensa más firme que estos reflejos rudimentarios. El gabinete está desgastado y la señora de Kirchner se resiste a cualquier renovación, abrazada al viejo consejo de su esposo: "No saques a nadie, porque los echados empiezan a contar cosas de vos". A juzgar por varios ejemplos, tenía razón. Los funcionarios que no exhiben grandes heridas de combate no se acercan a las llamas. Como las revelaciones sobre movimientos de dinero se reducen a la familia de la Presidenta y su entorno empresarial, la dirigencia política siente que el drama le es ajeno. Esta indiferencia se proyectó la semana pasada sobre el Congreso. Nunca Miguel Pichetto y Aníbal Fernández fueron tan generosos con el tiempo concedido a la oposición como durante la reunión de comisiones en que se discutió el blanqueo. Hasta hubo un episodio hilarante cuando un peronista sugirió que la defensa de ese polémico proyecto quedara a cargo de la senadora por Santa Cruz. Como se llama María Ester Labado, debió volver sobre sus pasos. Los empresarios también se distancian del alboroto. Cristóbal López, por ejemplo, extranjeriza sus compañías y, mientras tanto, recurre a algunos poderes permanentes para dejar sentado: "Mi fortuna no se hizo con este gobierno. Trabajo desde los 14 años. El casino me lo asignó Duhalde y no soy el único socio. Yo me sentía amigo de Kirchner, pero nunca supe si él se sentía amigo mío". Estas excusas, sin embargo, no alcanzan para que algunos estudios jurídicos lo acepten como cliente. Todo se aleja. Pero es la propia Cristina Kirchner quien, con su estilo de liderazgo, se ha privado de una red de contención. La idea de que la política se agota en el vínculo carismático entre ella y "su pueblo" resulta verosímil cuando se disfruta de un 70% de imagen positiva. En la pendiente, acelera la caída. El Gobierno no dispone de un gabinete o un elenco partidario que le sirva de resguardo. Tiene un solo escudo: la Presidenta emitiendo tuits o perorando por cadena nacional. Demasiado poco, sobre todo porque su discurso se va reduciendo a un inventario de logros, recitados con el tono de un reproche. La falta de empatía de la Presidenta para las relaciones personales no es ajena a los escándalos que la tienen desvelada. Testigos de la vida cotidiana de Olivos aseguran que ella estaría pagando el precio de haber cortado con una corriente de dinero que fluía, a través de intermediarios, hacia las manos de su esposo o de Daniel Muñoz, el secretario que acaba de ser imputado por el fiscal Ramiro González. Uno de esos habitués lo explica así: "Cuando Néstor murió, Cristina dijo: «No quiero saber nada de lo que sucedía antes». Hubo empresarios que debieron regresar desde Olivos con la valija que habían llevado. A un famoso funcionario, cercano a dos fuerzas de seguridad, le ocurrió lo mismo". Según estas fuentes, la Presidenta no previó que su desdén no interrumpiría los negocios, que siguieron realizándose, sin monitoreo. "Así se llegó al escándalo de (Leonardo) Fariña y (Federico) Elaskar -dice el confidente-, con mejicaneadas cruzadas, pases de facturas y visitas a los medios para extorsionar y cobrar deudas". La ausencia de Kirchner tuvo otra consecuencia no prevista. Muchos de sus antiguos colaboradores, arrojados del palacio por la viuda, relajaron sus costumbres entregándose a "exteriorizaciones voluntarias de activos", como el oficialismo llama al blanqueo. Muñoz o Rudi Ulloa, ya no se sienten obligados a una vida recatada en homenaje a la estética de un poder que los ignora. Al periodismo o a la oposición les bastó con mirar a aquellos a los que Cristina Kirchner había apartado de su vista para encontrar una cantera de irregularidades. Los que conocen el submundo kirchnerista temen por las novedades que puedan aportar algunos electrones fuera de órbita. Observan a dos empresarios con complicaciones judiciales. Gustavo Juliá, detenido en España por una operación de narcotráfico, y Claudio Cirigliano, dueño del ferrocarril TBA, con prisión domiciliaria por la masacre de Once. Juliá alquiló durante un par de años sus jets a Lázaro Báez. Ejecutivos de su empresa refieren, con asombrosa precisión, la existencia de un "avión recaudador", que paseaba por distintas capitales del interior recogiendo paquetes que contendrían dinero, generado en las direcciones de Vialidad. El destino de esos viajes, aseguran, sería siempre El Calafate. Báez terminó comprando una de esas aeronaves a Juliá. Amigos de Cirigliano aportan datos similares. Recuerdan las visitas de Ricardo Jaime y de su álter ego, Manuel Vázquez, a Olivos, para dejar bolsos en las manos del secretario Muñoz. Los expertos en logística que divulgan estas versiones aseguran que si algún fiscal consiguiera los cruces telefónicos de los involucrados, empezando por Báez y por Fariña, el escándalo adquiriría otras proporciones. ¿Aparecería el número de Néstor Kirchner quien, por su legendaria desconfianza, no dejaba a nadie sin control? Son más que hipótesis. El desgaste en la imagen del Gobierno resquebraja a todo el oficialismo. Y la Presidenta, en vez de ensayar alguna forma de consenso, insiste en la polarización. Anteayer, en La Plata, el kirchnerismo volvió a hostigar a Daniel Scioli. El protocolo, controlado por La Cámpora, lo ubicó en el rincón más oscuro del escenario. Cuando el locutor mencionó su presencia, lo abuchearon. La postulación de Boudou es la otra cara del mismo maltrato. Es verdad que Conti y Depetri necesitan halagar el oído de la Presidenta para conseguir sus propias reelecciones. Pero desnudan un dato relevante: que la Presidenta se siente halagada con la postulación de Boudou para 2015. El aval al vicepresidente demuestra la divergencia de diagnóstico que separa a la señora de Kirchner de quienes la critican. Ella no cree estar al frente de una administración en crisis. Supone que su experimento es tan exitoso que sólo se lo puede desafiar mediante un golpe de Estado que, en vez de irrumpir con los tanques en la calle, apela a las denuncias de los medios. Para ella, los que van por todo son los otros. Estas premisas pintan un escenario en blanco y negro. Quienes aspiran a representar algún matiz prefieren retraerse. El mejor ejemplo es Sergio Massa, quien está todos los días un poco más lejos de competir en 2013. Al menos hay una buena noticia para Scioli..

Fuerte descenso en el índice de calidad institucional del país.

La Argentina fue el que más bajó en los niveles de confianza y transparencia en relación con el resto de América latina érdida de la calidad institucional, falta de confianza en el país y cambio permanente en las reglas de juego políticas y económicas. La postal puede ser conocida, pero sus efectos concretos no tanto: en los últimos siete años, la Argentina fue el país de América latina que más posiciones perdió en el Índice Internacional de Calidad Institucional (ICI) elaborado por la fundación Libertad y Progreso. A nivel global, este índice mostró que la Argentina fue uno de los cinco Estados que más retrocedieron en esta materia, desde 2007, junto con Kiribati (-51), Micronesia (-48), Fiji y Madagascar (-34, mismo puntaje que perdió la Argentina). De esta manera, el país está en el puesto 127 de 191, es decir, cinco puntos más abajo que el año pasado. Desde 2007, la Argentina perdió 34 lugares. En la posición 126 está Paraguay, mientras que por debajo de la Argentina se encuentra Azerbaiján, en la 128. "Si bien la Argentina supera a Paraguay en todos los indicadores que evalúan las instituciones políticas, está bastante por debajo de este país en cuanto a las instituciones de mercado se refiere", explicó ayer Martín Krause, consejero académico de Libertad y Progreso y autor del ICI. Este índice, que se realiza todos los años, se toma en función de ocho indicadores confeccionados por organizaciones internacionales como el Banco Mundial, la Heritage Fundation, The Wall Street Journal, Transparencia Internacional, Freedom House y el Instituto Fraser. El índice no define un grado óptimo de institucionalidad, sino que registra las posiciones relativas, calificando del 0 al 1. Cuanto más cerca está un país del 1 significa que mejor fue su desempeño en esta materia. "Hay una fuerte relación entre calidad institucional y desarrollo económico y social. Esto quiere decir que un mayor respeto por las instituciones se traduce en una mayor calidad de vida para los ciudadanos, ya que se produce un ambiente más propicio para las inversiones y los negocios y hay cumplimiento de las normas", observó Krause al presentar ayer el informe anual. En relación con la libertad económica, como viene ocurriendo en ediciones anteriores, la Argentina mostró un peor desempeño en los indicadores económicos que en los políticos. En este sentido, sólo el 10% de los países medidos tienen menor libertad económica que la Argentina. En la región, el promedio es de 0,48. Sólo Venezuela y Cuba presentan menor libertad económica que este país, señala el informe. En cuanto a la percepción de la corrupción, según los indicadores de Transparencia Internacional y Freedom House, la Argentina obtuvo 0,42 y 0,47, respectivamente. Krause explicó que "no extraña que un grupo de países con políticas de tipo "bolivariano" acaparen el grupo de países en descenso.. FUENTE: http://www.lanacion.com.ar/1584628-fuerte-descenso-en-el-indice-de-calidad-institucional-del-pais