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LA NACION Buenos Aires Argentina
En una medida que ha conmocionado a la ciudadanía, el Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso un proyecto que confisca los ahorros previsionales de varios millones de argentinos.
Eso ocurre después de que hace un año un gobierno del mismo signo permitió optar entre el régimen estatal y el mixto estatal-privado. La decisión de la opción por un régimen mixto, tomada por la gran mayoría de la ciudadanía, vuelve más inaceptable aún esta brutal violación de la libertad de elegir. No se trata sólo de la conculcación del derecho de propiedad, sino del desprecio por la voluntad expresa de los ciudadanos.
En un sentido opuesto, la crisis mundial ha forzado a los estados de otros países a redoblar los esfuerzos para reconstruir la confianza de los ahorristas y protegerlos del pánico colectivo. Para ello, se han invertido preciosos recursos, que reducen las posibilidades de realizar otras actividades.
Aquí, por el contrario, para salvar el proyecto demagógico del gobierno se confisca a los ahorristas y se agudiza su pánico.
No se trata de discutir cuán ineficiente y costoso es el régimen mixto. El régimen estatal puro estafó reiteradamente a los jubilados, como lo prueban los incumplimientos sucedidos a lo largo de la historia.
Se llegó a extremos que obligaron a consolidar deudas por decenas de miles de millones de dólares a comienzos de los 90 y aplicar gran parte de la venta de la YPF estatal a pagar esos pasivos.
Más: durante este gobierno se ha incumplido con la movilidad jubilatoria prevista en la Constitución, aun con fallos de la Corte Suprema que intimaban al Gobierno, como en el caso Badaro, por el cual se debían ajustar las jubilaciones por la inflación desatada luego de la ruptura de la convertibilidad, en enero del 2002.
Por esa razón y no otra, la ciudadanía optó por un sistema mixto, más allá de los defectos que tuviera.
Sus fallas de funcionamiento han sido agravadas por los abusos regulatorios de un gobierno que realizó quitas a los títulos públicos donde estaban invertidos los ahorros de futuros jubilados en una magnitud de 65% y alteró el índice de ajuste de costo de vida artificialmente, hacia abajo. Era el coeficiente de indexación de los títulos remanentes. De este modo, hubo una estafa dinámica. El mismo gobierno, simultáneamente, canceló deudas al 100% del valor facial, con organismos multilaterales, por adelantado.
Ese robo ha tenido, y tiene, consecuencias. La más grave es que no les alcanzó con los que nos quitaron, sino que ahora vienen por la totalidad.
Los aprendices de brujos crearán una dramática crisis de confianza que desfinanciará y deprimirá a la actividad productiva y a sus propios proyectos electoralistas y demagógicos.
Ni aun lo que pensaron lo podrán hacer con el robo de nuestros ahorros, porque en el camino habrán destruido el entramado social de confianza que permite la actividad económica.
En otros países, un debate sobre estas cuestiones tomaría años. Habría una larga transición, que permitiría el paso de un sistema a otro. La violación de ese criterio dará lugar a una inevitable incredulidad sobre las garantías jurídicas existentes.
La ausencia de controles y balances que un acto de esta magnitud implica afectará gravemente nuestra economía y el nivel de empleo.
Vaya como ejemplo el desfinanciamiento que la supresión del régimen causa a toda la actividad productiva y la idea disparatada de que la Anses actúe como banco financiador. Solamente esa mala explicación debería hacer abandonar el proyecto.
Debo reconocer que en esta adversidad hay una oportunidad. El rechazo tajante del proyecto y el inicio de un estudio serio de reformas y modificaciones, como facilitar una nueva oportunidad de opción, podrían sentar las bases de una nueva credibilidad.
Si el sistema estatal está quebrado y requiere fondos, imagínense lo que va a ser si se le agregan seis millones de nuevos beneficiarios que en gran medida iban a financiar su jubilación con los fondos ahorrados.
Curiosamente, nadie pierde más en este esquema que los que están en el sistema de reparto. Ellos verán depredados sus futuros ingresos por las víctimas de la confiscación actual.
La obligación de pensar una salida de este atolladero es imprescindible. Se puede lograr con el rechazo del proyecto y generando una nueva oportunidad de elección entre los regímenes previsionales (estatal puro o mixto).
Ante el temor sobre los ahorros para la vejez, es preciso repensar el sistema integral de seguridad social en un marco de mayor racionalidad.
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