La UCR no puede acompañar otro error. F:S: Lastra

Tenía 9 años cuando mi padre fue designado por Arturo Illia presidente de YPF, y desde entonces llevo a YPF en mi corazón. Recorrí yacimientos, dormí en campamentos al lado de los pozos y navegué en barcos petroleros. Pero sobre todo pude ver cómo mi padre durante toda su vida se preocupó por que la Argentina tuviera una política de hidrocarburos que no sólo lograra el autoabastecimiento, sino que contribuyera al desarrollo industrial y a la producción local de los fertilizantes de nuestras tierras. Dicho esto, me animo a afirmar que estamos frente a una ilusión generada por la demagogia irresponsable de los que ayer privatizaron la empresa más grande de la Argentina y hoy la quieren mal reestatizar. La YPF que defendemos y que queremos reencontrar no existe más por obra y gracia del peronismo. Esta, que se llama como aquélla, es una empresa de capitales mayoritariamente españoles, acompañados por empresarios argentinos ajenos al negocio del petróleo y cercanos al poder de los Kirchner. Esta YPF no es la que tenemos los argentinos en nuestro imaginario como la Gran Empresa Nacional. Esta ha sido deliberadamente vaciada por sus dueños con la complicidad de los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner. Si esto no se entiende, se puede caer en el equívoco de pensar que no acompañar la iniciativa del Gobierno es alejarse de la tradición radical. Un buen análisis nos lleva a la posición contraria. Esto es: rechazar por irresponsable e insuficiente la iniciativa de la Presidenta. Desde que YPF fue convertida en una sociedad anónima, las áreas de exploración y explotación de la antigua YPF Sociedad del Estado se convirtieron en permisos de exploración y explotación otorgados por el Estado nacional a cambio de obligaciones específicas. Estas obligaciones han sido incumplidas por YPF (que ya no es más nuestra YPF), y de acuerdo con el marco legal vigente el camino correcto en defensa de los intereses nacionales es el de la caducidad de la concesión de esas áreas y de reversión al Estado Nacional sin cargo alguno. Son causales del cese de la concesión: "Incumplimiento sustancial e injustificado de las obligaciones estipuladas en materia de productividad, conservación, inversiones, trabajos o ventajas especiales". Según lo claramente expresado por los funcionarios nacionales, estos presupuestos están dados y los incumplimientos son graves. La ley vigente sigue estableciendo: "Al caducar la concesión, la misma revierte plenamente al Estado" (?) "Anulado, caducado o extinguido un permiso o concesión revertirán al Estado las áreas respectivas con todas las mejoras, instalaciones, pozos y demás elementos que el titular de dicho permiso o concesión haya afectado al ejercicio de su respectiva actividad...". Un Estado con vocación nacional y una clara política energética tiene que tomar otro camino del tomado por la Presidenta. El radicalismo no puede acompañar otro error más del peronismo, sobre todo cuando estos errores no sólo han perjudicado los intereses nacionales, sino que han significado espectaculares transferencias de recursos a grupos económicos amigos del poder. Un premio Se debe entender que no es necesaria la expropiación, ya que la empresa no es la propietaria de las aéreas, es una simple concesionaria que ha incumplido sus obligaciones. La expropiación más que un castigo, en este caso, es un premio, ya que cualquiera sea el precio que se pague será indebido. YPF ya no es más la primera empresa de América latina, como lo supo ser; sólo tiene alrededor del 30% de las áreas de explotación de nuestro país. La mayoría de las empresas concesionarias, al igual que YPF, han disminuido sensiblemente sus niveles de explotación y exploración y han visto caer sus reservas. La principal razón de esto ha sido la inconsistencia de la política energética de los gobiernos peronistas con Menem y los Kirchner a la cabeza. La expropiación parcial de YPF es un remedo de respuesta a una crisis que el gobierno nacional no sabe cómo manejar. El Gobierno no acepta sugerencias ni modificaciones, pretende la aprobación de esta ley a libro cerrado. Propone como interventores a los responsables de la falta de control de los concesionarios y de políticas de precios ridículas con las que se desalentó la producción y se estimularon sospechosos e insostenibles negocios de importación de combustibles. No reconoce los errores del pasado ni permite controles para el futuro. El tinte demagógico y populista de la puesta en escena de toda esta operación perjudica seriamente la inserción de la Argentina en la economía internacional, factor principal del crecimiento de los últimos años. Acompañar la iniciativa en general es darle a un gobierno que no reconoce límites en lo legal una fuerte señal de que todo es posible y dejar a una gran parte del país sin una alternativa creíble y confiable como debería ser el radicalismo. No sigamos encuestas, sigamos principios.